(como reporta el caso Yahoo...)
MEXICO (AP) - Se suponía que el juicio por el asesinato de una niña de 16 años hallada carbonizada en una montaña de basura iba a poner de manifiesto las bondades de las recientes reformas el anticuado sistema judicial mexicano: tres jueces, frente a la familia de la víctima, al acusado y a los abogados de ambas partes, iban a anunciar el veredicto en una sesión abierta.
La ocasión, sin embargo, no hizo sino revivir las denuncias de impunidad en un país donde la gran mayoría de los delitos siguen sin ser juzgados. La madre de la víctima gritó "¡No!" cuando los jueces absolvieron a Sergio Barraza, acusado de haber asesinado a su hija, a pesar de que admitió al menos media docena de veces haberla matado y describió adónde había dejado el cadáver.
Marisela Escobedo se dedicó a denunciar lo ocurrido en el juicio por la muerte de su hija Rubí, realizando vigilias en las que se exigía que se hiciese justicia con Barraza, hasta que ella misma fue asesinada el 16 de diciembre. Barraza es el principal sospechoso.
El caso se ha convertido en una prueba de fuego para las publicitadas reformas al sistema judicial y todo el país habla del tema.
Los jueces, que fueron suspendidos y podrían ser juzgados, dicen que simplemente hicieron cumplir las leyes, que requieren pruebas sólidas. El viejo sistema legal de México, que sigue vigente en muchas partes del país, promovía la corrupción y las confesiones arrancadas con torturas. Los jueces del caso de Rubí afirman que el nuevo sistema no cuenta con fondos suficientes, que los investigadores no están capacitados y que la policía no hizo su trabajo eficientemente. Sostuvieron que debieron descartar lo que describieron como muchas evidencias circunstanciales u obtenidas en forma ilegal.
"Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a la señora Escobedo", afirmó la jueza Catalina Ochoa.
Algunos sectores dicen que los incompetentes fueron los jueces. Pero estos se justifican afirmando que tuvieron las manos atadas por la reforma, que favorece abiertamente los derechos de los sospechosos.
"El sistema pasó de un extremo a otro", expresó Isabel Miranda Wallace, paladín de la lucha contra el delito, cuya campaña de una década para hacer justicia con los secuestradores de su hijo fue el modelo que inspiró a Escobedo. "Antes se inculpaba a alguien inocente, ahora te exculpo aunque eres culpable".
Miranda Wallace ha estado pidiendo a los gobernadores estatales que demoren la reforma, que por ley debe entrar en vigor a más tardar para el 2016. El propio presidente Felipe Calderón, que apoya la reforma, llegó a decir que hay "jueces, que más que jueces, son verificadores de requisitos".
"Es decir, hacen un check list de todas las cosas que generalmente deben de cumplir: Bueno, aquí le faltó la firma del policía, para afuera. Duele mucho que el esfuerzo que hacen sociedad y gobierno por combatir la criminalidad, se debilite en la última etapa", agregó.
Irónicamente, la transparencia, que se supone debía enterrar para siempre los procedimientos a puertas cerradas, es motivo hoy de críticas. Bajo el viejo sistema, los archivos judiciales eran secretos y todos los procedimientos eran por escrito. Los jueces rara vez veían a un acusado, aceptaban confesiones o disponían convicciones.
En el 2008, Chihuahua pasó a ser el primer estado en adoptar la reforma judicial, que impone un sistema similar al de Estados Unidos, aunque sin jurados.
Los abogados interrogan varias veces a los testigos a puertas abiertas y una persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad.
Los juicios son filmados en video y los jueces están sometidos a la opinión pública.
Los tres jueces de este caso pueden ser juzgados por el Congreso estatal, algo que ellos consideran una violación de la independencia de la rama judicial.
Los jueces no pueden considerar confesiones que no fueron hechas frente a un juez, un detective y un abogado del sospechoso. En el caso de Rubí, Barraza se mofó ante conocidos y la policía de haber matado a la niña, pero no había un abogado presente cuando lo hizo.
Tras ser absuelto, salió del tribunal caminando como si nada y desapareció, sin poder ser ubicado cuando un tribunal de apelaciones anuló el veredicto al mes siguiente.
El tribunal de apelaciones dijo que las declaraciones que hace un sospechoso a otra persona, cuando no está bajo custodia, no deben ser hechas frente a un abogado necesariamente para ser tenidas en cuenta. Agregó que los jueces debieron haber tenido en cuenta las afirmaciones de Barraza de que quemó el cuerpo de Rubí "cerca de unas marraneras, en un camino de terracería, próximo a un panteón y una termoeléctrica" de Ciudad Juárez, donde fueron hallados los restos.
Miranda Wallace dice que apoya la idea de juicios abiertos, pero que teme que el hecho de ventilar en público la evidencia en un caso en el que el acusado es absuelto puede hacer que la gente intente tomar represalias.
"Esto va a crear impunidad y violencia, y va a propiciar que la gente se haga justicia por su propia mano", manifestó. "Todos vieron que yo fui a pedir justicia, pero no me la dieron".
Los jueces que absolvieron a Barraza dicen que son blanco de una caza de brujas.
El juicio en su contra que se propone ocultaría el verdadero problema: la falta de fondos, capacitación y apoyo para que la policía realice investigaciones confiables, sostuvo su abogado, Maclovio Murillo.
Si se cuestiona la reforma judicial, se podría volver al pasado.
"Anteriormente, los policías tomaban declaraciones, recordarán ustedes. Todo el mundo confesaba y aceptaba su culpabilidad", declaró Murillo. "Esas declaraciones se obtenían sin defensor, en las catacumbas".
El nuevo sistema, afirmó, evita que se fabrique evidencia.
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